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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorPárraga Macías, Vielka Marisol-
dc.contributor.authorSánchez Gómez, Salvatierra Loor, José Fabricio Gabriel Alejandro-
dc.date.accessioned2021-09-30T23:58:05Z-
dc.date.available2021-09-30T23:58:05Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/2171-
dc.descriptionEn América Latina, así como en muchos otros países se han visto inmersos en acciones indebidas por parte de funcionarios que ostentan cargos públicos, quienes por razones políticas o por simplemente acatar órdenes cometen actos homicidas contra personas civiles o que estén bajo la protección del Derecho Internacional Humanitario, este tipo de actos son conocidos como ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de acciones, por ser ordenadas por funcionarios de altos cargos públicos, o por que se las justifican con el hecho de que ocurren mediante enfrentamientos armados, simplemente quedan ímpunes, permitiendo observar que acabar con una vida por parte de un servidor del Estado tiene justificación hace pensar que quienes cumplen la función de ser garante de derechos lo único que hacen es vulnerarlos de la manera más injuriosa, pues avalan sus acciones de manera injustificable. Es ahí en donde actúa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como institución de protección de derechos, pues es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conjuntamente con la Corte Interamericana de Derehcos Humanos, los órganos internacionales que han tenido que analizar las peticiones de víctimas a quienes se les ha vulnerado derechos y que no han encontrado protección estatal. El caso del Penal Miguel Castro Castro del Perú, se encuentra entre uno de estos casos de extrema violencia estatal; hechos homicidas que el Gobierno pretendió justificar de manera irreverente e irremesible, pues estas acciones fue catalogada como política de estado, amparada por decretos presidenciales derivados en base a decisiones de aparente protección del Estado para evitar que grupos subversivos y que incitaban a la resistencia siguieran atentando dentro de su país. Acciones de violencia y tortura fueron perpetradas por el Estado peruano a cargo del Presidente Alberto Fujimori en este centro penitenciario en donde se encontraban acusados y sentenciados por supuestos delitos de terrorismo, demostrando con ello únicamente la persecución política a quienes estaban en contra de su gobierno de manera abierta, a pesar de encontrarse expresamente prohibido constitucionalmente e inclusive vulnerando derechos consagrados en instrumentos internacionales.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcodees_ES
dc.subjectCorte IDH, ejecuciones arbitrarias extrajudiciales, Derechos Humanos”es_ES
dc.titleCaso Corte IDH, Penal Miguel Castro Castro vs. Perú: “Las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales perspectiva desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos"es_ES
dc.typeTrabajo_titulaciones_ES
dc.subtipoAnálisis de Casoses_ES
Aparece en las colecciones: Trabajo de titulación - Carrera de Derecho



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