Caso Penal Nº 13283-2017-01578, por violación que sigue La Fiscalía General del Estado en contra de Intriago Quiroz Ramón Eduardo. “La valoración de la prueba y la política criminal en los delitos sexuales”

Abstract

Al proceso al cual se va a analizar, revierte gran importancia ya que se basará en el estudio sobre la política criminal y la incidencia que esta tiene en la valoración de pruebas en delitos sexuales; pretendiendo establecer cómo se incorpora y se analizan las pruebas en los delitos de violación sexual a menores de edad. También se analizará el problema puntual como es el que luego de agotarse la actividad probatoria en el proceso ordinario en relación a los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, se llega a tener como único elemento de cargo la declaración de la víctima, es factible imponer una sentencia condenatoria sin transgredir la presunción de inocencia. Es decir se pretende contrastar como se viene aplicando el principio de libre valoración en las resoluciones de los referidos delitos. La palabra prueba está presente en toda manifestación de la vida, ya que probar es demostrar que un hecho ha existido de un modo determinado y no de otro, por lo mismo la actividad probatoria, busca siempre descubrir la verdad, persigue tener un conocimiento completo de las cosas sobre las cuales deberá aplicarse una norma jurídica. En el proceso penal, en donde prevalece el principio constitucional de “presunción de inocencia”.

La actividad probatoria es mucho más compleja, por lo que el juzgador para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria, tiene que analizar en profundidad la prueba actuada por las partes, y a través de ella, lograr el convencimiento de culpabilidad o de inocencia de una persona, es por ello, que uno de los tópicos más complejos en la actividad procesal es la valoración de la prueba dentro de un proceso penal, pues ésta se constituye sobre la base de un razonamiento llevado a cabo por el juzgador con sujeción lógica, a leyes científicas o a la máxima de la experiencia, es decir bajo un criterio de racionalidad, pues este razonamiento debe partir de un indicio o varios indicios efectivamente acreditados en el proceso mediante una actividad probatoria válida en concordancia a las exigencias del principio constitucional del derecho a la presunción de inocencia.